martes, 12 de mayo de 2020

ANALIZANDO EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2020-2021 QUE PROPONE EL GOBIERNO DE ESPAÑA




El día 1 de mayo de 2020 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos actualizó el Programa de Estabilidad 2020-2021 y el Programa Nacional de Reformas de 2020 para su remisión a la Comisión Europea. Me gustaría analizar los puntos de dicho programa y sacar algunas conclusiones sobre cómo se verá afectada la economía del país.
Hay tres puntos importantes a tratar sobre este tema: la deuda, el déficit y el Presupuesto del Estado.

La deuda

España ha registrado tasas positivas de crecimiento superiores en los últimos trimestres a la media de la zona euro, después de la crisis económica que sufrió el país en 2008. Debido a la aparición del COVID-19, la economía española se ha frenado de forma abrupta y el ciclo de crecimiento iniciado en 2014 ha parado en seco.

El nuevo cuadro macroeconómico se caracteriza por presentar un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva. Es por ello se prevé una incidencia de los efectos del COVID-19 en la economía en los dos primeros trimestres de 2020, y el comienzo de la recuperación de la actividad en el segundo semestre de este año. Como consecuencia, se estima una caída del Producto Interior Bruto del 9,2% en el conjunto del año y una importante recuperación en 2021, con una tasa de crecimiento prevista del 6,8%. Se prevé que la tasa de paro se sitúe en el 19% en 2020, para reducirse en 2021 hasta el entorno del 17%. En su conjunto, se prevé que la deuda pública sea del 115,5%. En concreto, el Gobierno estima que el gasto público se situará en el 51,5% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al gasto público de 2019.


Las medidas que el Gobierno español ha tomado para evitar la expansión del virus y sus efectos en otros campos se resumen en tres ámbitos: el sanitario, el económico y el social. El objetivo del Gobierno es tejer una red de seguridad que proteja a los ciudadanos y preservar la actividad económica y el empleo.

El compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas se ve reflejado en los datos de consolidación fiscal previos a la pandemia del COVID-19. Para ser exactos, España finalizó 2019 con un déficit del 2,8%, lo que implicó cumplir por segundo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad de la UE después de que en 2018 se abandonase el Procedimiento de Déficit Excesivo por primera vez desde el inicio de la crisis de 2008. En contraste a otros años, el déficit se redujo 3,2% en 2019 en un contexto de doble prórroga presupuestaria en el que no se pudieron aprobar nuevos ingresos y se adoptaron importantes medidas sociales.

Los datos en el primer trimestre de 2020 mostraban que la tendencia positiva se mantenía con una reducción del déficit del 13,9% por parte de la administración central, a pesar de que en marzo se notaron los primeros efectos de la pandemia. Por todo esto se prevé que el déficit público en 2020 se sitúe en el 10,3%.

Por su parte, la previsión es que los ingresos públicos se reducirán en 25.711 millones y se situarán en el 41,2% del PIB. De esta forma, la previsión es que el déficit público en 2020 se incremente hasta los 115.671 millones, lo que equivale al 10,34% del PIB. Supondría del mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%.

El presupuesto del Estado.

El aumento del déficit denota el esfuerzo de las administraciones públicas por paliar los efectos de la pandemia. El Gobierno ha adoptado una serie de medidas con el objetivo de que la salida de la crisis no genere más desigualdades y evitar lo ocurrido con la salida de la crisis de 2008. En este sentido, las decisiones adoptadas por el Gobierno en el ámbito, sanitario, social, laboral, económico y tributario tienen un impacto total de más de 139.000 millones de euros, en concreto implican un aumento directo del gasto de 28.400 millones y una minoración de los ingresos de 6.119 millones.
Entre estas medidas adoptadas por el Gobierno se encuentran:
  • Facilitar los ERTE en empresas para asegurar que los trabajadores siguen percibiendo, como mínimo, el 70% de su salario y al mismo tiempo se exonera a las empresas de las cotizaciones sociales. Ambas cuestiones suponen un impacto de 20.000 millones de euros.
  • Abonar una prestación extraordinaria a los autónomos afectados por el cese de actividad o que hayan vista reducida un 75% su facturación supondrá 3.700 millones en beneficio de este colectivo.
  • Establecer un IVA del 0% para la adquisición de productos sanitarios cuando el destinatario sea un hospital, entidad pública o privada sin ánimo de lucro tendrá un impacto de 1.022 millones.
  •  Medidas de flexibilidad tributaria como la posibilidad de que los autónomos cambien del sistema de tributación por módulos al sistema de estimación directa sin la exigencia de permanecer tres años en la nueva tributación o que las pymes puedan cambiar el sistema del cálculo del pago fraccionado para hacerlo en función de los beneficios reales trimestrales. Ambas medidas suponen un coste de 1.100 millones de euros.
  • Transferir a las Comunidades Autónomas los 2.867 millones por la actualización de las entregas a cuenta. Esta inyección permitirá a éstas recibir este año la mayor financiación de su historia con 115.000 millones de euros, un 7,3% más que en 2019.


A estas medidas hay que sumar los programas de avales del Estado como los 100.000 millones de líneas ICO dirigidas principalmente a dotar liquidez a pymes y autónomos, además de los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para atender costes de carácter social.

Conclusiones

Las previsiones muestran que a partir de 2021 se producirá un rebote de la economía con un fuerte incremento del PIB que permitirá volver a la senda de reducción del déficit a partir de ese momento. Debido a esta reducción del déficit, el Procedimiento de déficit excesivo (PDE) y el Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) se ven gravemente afectados, así como la regla de oro presupuestaria.

En general, el plano económico se ha visto muy afectado en estos meses y no hay señales de mejoría hasta mediados del 2021. Se prevé que para 2022 se haya recuperado la actividad económica y que los ingresos del Estado se hayan disparado no a los niveles anteriores a la pandemia, sino algo más como un gráfico en forma de raíz cuadrada.

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